En Chile, luego de 20 años de experimentos con esquemas liberales de protección social, las virtudes, pero también las serias limitaciones y carencias de dichos sistemas, parecen haber quedado en evidencia.

La principal desventaja de los esquemas privados de protección social parece ser que los mismos han remitido sus beneficios a la cuarta parte de mayores ingresos de la población.

Aún para ellos, además, presentan problemas no menores.

En cuanto a la vasta mayoría de la ciudadanía, de otro lado, los esquemas privados de protección social han demostrado ser, en la práctica, poco efectivos.

Por otra parte, la focalización de un disminuido gasto social en el quinto más pobre de la población ha aliviado en algo su situación, compensando en parte la creciente brecha de ingresos y permitiendo avances importantes en indicadores generales de calidad de vida, mientras se mantienen enormes brechas de equidad.

El país ha venido desarrollando desde hace más de una década, esfuerzos de significación por recuperarse del muy fuerte recorte del gasto público destinado a protección social, ocurrido durante la dictadura militar, en particular en salud y educación. El mismo se tradujo en un deterioro general de estos servicios públicos y en una baja aún más fuerte en las remuneraciones de los trabajadores del sector público dedicados a estas materias.

A pesar del esfuerzo realizado, el deterioro anotado aún no se recupera, tanto en términos de gasto público por persona como en proporción al PIB y sigue siendo una causa muy importante, si no la principal, de los problemas que aquejan al sector y a quienes trabajan en éste.

Ello sin perjuicio de los problemas que se derivan de las limitaciones de la estructura burocrática del sector público y que le restan eficiencia al gasto realizado.

La situación de la previsión no corresponde al diagnóstico anterior, puesto que los recursos públicos destinados a financiar el déficit ocasionado con la implantación del sistema privado de pensiones ha sido muy cuantioso y muy superior al que presentaba el antiguo sistema de reparto.

La protección contra el desempleo, por su parte, es el área más deficiente de la protección social en Chile. Los recursos públicos dedicados al tema han continuado siendo extremadamente reducidos, incluso durante la presente crisis. Se han acentuado las exigencias de condicionalidad para otorgarlos. El seguro de desempleo privado recientemente aprobado, si bien constituye un cierto mejoramiento respecto de la tradicional indemnización por años de servicio e introduce algunos elementos de solidaridad, no es eficaz para períodos de desempleo masivo como el actual.

Lo anterior, sin embargo, no desmerece el hecho que se han desarrollado amplios sistemas privados que atienden necesidades en las áreas referidas, financiados con gasto de las familias. Estos sistemas privados, sin embargo, concentran sus beneficios en los sectores de mayores ingresos, y no atienden los problemas de la mayoría de la población, introduciendo elementos de inequidad.

Por otra parte, se aprecian deficiencias importantes en la regulación de los sistemas privados y de la relación de éstos con los sistemas públicos, las que se traducen en distorsiones importantes de mercado, mayores costos para los usuarios e ineficiencias globales importantes.

Hacia delante, parece necesario que el país enfrente el tema de la reducida dimensión del gasto público dedicado a estas materias, del cual la mayor parte se destina a financiar el déficit previsional. Ello ubica a Chile por debajo de los países de mayor desarrollo de América Latina y desde luego a mucha distancia de los niveles de gasto social de los países desarrollados.

El gasto social absorbe ya, de otro lado, la mayor parte del presupuesto del estado, por lo cual no parece ser una continuada mayor focalización el camino para resolver los requerimientos planteados.

Ello conduce de manera inevitable a enfrentar el tema del tamaño del gasto del estado y, por lo tanto, el tema tributario.

El propio Ministro de Hacienda de Chile ha afirmado recientemente "Con la carga tributaria actual se puede hacer política social para el quintil más pobre, pero el segundo quintil también es atrozmente pobre … hay que atender también a la clase media, pero con la carga tributaria actual es imposible. Si se quiere tener un sistema de financiamiento universitario completo, pensiones dignas, se requiere otro nivel de carga tributaria".

Asumir la nueva realidad de la coexistencia de sistemas públicos y privados hace al parecer necesario adoptar una nueva manera de pensar al respecto, que supere tanto las concepciones que se planteaban la vuelta a sistemas de protección puramente estatales como, principalmente, a la idea de que la privatización es la llave maestra para resolver estos problemas.

En Chile, luego de veinte años de experimentos al respecto pareciera estar demostrado que ello no es efectivo. Por el contrario, lo que cabe al parecer es plantearse un desarrollo regulado, en que ambos sectores colaboren para ofrecer a toda la población una protección equitativa y de calidad.

La protección social en nuestros países no va a mejorar como resultado de la imposición de modelos de prevención de riesgos, adaptada de la teoría de portafolios bursátiles por mentalidades tecnocráticas.

Por el contrario, se trata de temas que tienen una profunda relación con la evolución histórica de nuestras sociedades y como tal deben ser abordados.

Nuestro país hasta la década de 1970 había logrado desarrollar sistemas de protección, estatales y otros, de tipo tradicional que, presentando grandes problemas e insuficiencias, habían alcanzado, sin embargo, cobertura y calidad de nivel medio.

Los esquemas liberales protección social, fueron impuestos en Chile en un contexto de dictadura.

Formaron parte de la apertura del país a un proceso de globalización por entonces en auge.

Se impusieron a medio camino de un largo ciclo interno de turbulencias políticas y cambios sociales y económicos, que se ha extendido desde mediados de los años sesenta y que recién ahora pareciera terminar de cerrarse.

Como resultado de todo este proceso la sociedad chilena ha sufrido transformaciones sociológicas de consideración, que han cambiado al país por completo.

Se han terminado o están muy reducidas las viejas relaciones agrarias tradicionales, se ha reducido el sector estatal de la economía, y se han terminado los sectores industriales protegidos.

En cambio se ha extendido el empleo asalariado en empresas privadas, más que en el resto de AL, pero gran parte del mismo presenta elevados niveles de temporalidad e inestabilidad. Se mantiene un amplio sector informal.

A resultas de todo ello, la inseguridad de la población ha aumentado, en la misma medida que la urgencia de sus demandas por una adecuada protección social.

La situación política del país se está modificando por estos días de manera acelerada, lo cual no ha sido ajeno a los avances recientes logrados en materias de derechos humanos, gracias, en parte a comunidad internacional.

La situación en el mundo evoluciona asimismo con rapidez, y lo menos que se puede decir es que la globalización enfrenta hoy graves problemas y ciertamente no se encuentra ya en su momento de ascenso ni de auge.

Una de las corrientes que surge con fuerza en el nuevo cuadro propone establecer un nuevo pacto social, del cual constituyan pilares fundamentales la plena democracia, el trabajo decente, una mayor equidad, una más efectiva regulación de la economía y, especialmente, una adecuada protección social para todos.

Hacemos votos porque sea éste el camino que se abra paso en nuestro país.

Por el contrario, la insistencia en recetas que sólo toman en cuenta a un muy reducido sector de la sociedad, sólo augura violencia e inestabilidad.

Referencias: